Correos no ha detectado envíos con explosivos en los últimos diez años



El goteo de llegada de sobres con munición real, en unos casos, y una navaja con pintura roja en otros, dirigidos a dirigentes políticos antes de las elecciones en la Comunidad de Madrid encendieron las alertas en las Fuerzas de Seguridad.

Uno de los puntos que más se analizó fue la seguridad de Correos, y qué había fallado para que sobres con balas de distintos calibres, o incluso con una pequeña navaja, pasaran los controles sin ser interceptados por los sistemas de rayos X y de detección de metales que precisamente tienen por misión impedir que, por ejemplo, se utilice Correos para mandar un paquete bomba a alguien.

Precisamente sobre el envío de artefactos explosivos ha aportado algunos datos el Gobierno de Pedro Sánchez, en una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria, que ha consultado Confidencial Digital.

Bildu pide datos

En los días que se sucedían las noticias sobre la llegada de cartas amenazantes con balas o navajas a Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska, Reyes Maroto, Isabel Díaz Ayuso y María Gámez, directora general de la Guardia Civil, así como a Isabel Díaz Ayuso, el diputado de EH Bildu en el Congreso de los Diputados Jon Iñarritu registró una pregunta al Gobierno sobre el tema:

— “¿Cuántos envíos de sobres y paqueterías con artefactos o material explosivo han sido detectados por CORREOS en los últimos 10 años? (Por años y provincia)”.

Ni artefactos ni material explosivo

La respuesta del Gobierno fue muy escueta, pero concreta: asegura el Ejecutivo que “en los términos exactos recogidos en esta iniciativa”, es decir, referida a envíos de sobres y paqueterías con artefactos o material explosivo, “en los últimos 10 años, no se han detectado por Correos artefactos o material explosivo en los envíos que tramita la Sociedad”.

Según esa contestación, en las oficinas de Correos no se han detectado sobres o paquetes explosivos en los últimos diez años, es decir, desde 2011.

Sin embargo, cabe señalar que durante las décadas más duras del terrorismo en España se registraron distintos atentados mediante el envío de paquetes o cartas bomba.

Contra periodistas, funcionarios de prisiones…

ETA trató de asesinar o herir a varias personas con este método. En 1989 asesinó a Conrada Muñoz Herrera en Montillana (Granada). El hijo de la fallecida era funcionario de prisiones, un colectivo en el punto de mira de los terroristas. Le mandaron un paquete a su nombre, un libro, que cuando lo abrió su madre explotó. Las heridas le provocaron la muerte.

Un día antes otro funcionario de prisiones había recibido un paquete similar. Al sospechar, lo pasó por un detector y avisó a la Policía para que lo desactivaran.

En el año 1990 se sucedieron los ataques de ETA con paquetes y cartas bomba: al presidente de la Audiencia Nacional, Fernando Mateo Lage, que perdió las manos y sufrió heridas graves en los ojos y en el abdomen; a un teniente del Ejército retirado, Francisco Albarracín Grech, en Valencia; al fiscal de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño; la funcionaria de Correos María del Pilar Fernández Ruiz perdió un ojo y un dedo por una bomba dirigida a un funcionario de prisiones; Ángel Guerrero Rojas, conserje de la Escuela de Estudios Penitenciarios, perdió dos dedos al abrir un paquete enviado al director de trabajos penitenciarios, Rafael Martínez; otro paquete se envió al Ministerio de Justicia y fue desactivado por la Guardia Civil; estalló un paquete bomba en una empresa de seguridad de la autovía de Leizarán, hiriendo a Concepción González…

A partir del año 2000, ETA inició otra campaña de atentados con paquetes y cartas bomba, en este caso, dirigido contra periodistas y profesionales de medios de comunicación: Carlos Herrera (RNE), Luis María Anson (La Razón), Federico Jiménez Losantos (Cope), Gloria Lomana (Antena 3), Enrique Ybarra (El Correo)… Gorka Landaburu sufrió la amputación de un dedo y varias heridas de la mano.

También grupos anarquistas imitaron la campaña de ETA, y tanto en esos años como posteriormente enviaron paquetes, por ejemplo al entonces secretario de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña, Albert Batlle, así como a otras personas vinculadas a la administración penitenciaria.



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