El exalcalde de Sant Vicenç de Montalt se enfrenta a acusaciones de malversación y coacción



Nuevo episodio en el proceso judicial iniciado hace dos años en Sant Vicenç de Montalt (Maresme) contra el entonces alcalde de PDECat, Miquel Àngel Martínez y expresidente del Consell Comarcal del Maresme, acusado por una grabación difundida por concejales de la oposición, de haber utilizado materiales del almacén municipal para hacer obras en su domicilio. Unos trabajos que no pagó y que habría realizado un operario de la brigada que, supuestamente, fue el autor de la grabación que inculpa al entonces primer edil. La polémica le valió una moción de censura que le relegó a la oposición y más recientemente al grupo mixto por las discrepancias que mantiene con sus propios concejales del grupo municipal.





El pasado 12 de agosto, la titular del juzgado de instrucción 1 de Mataró anunció la incoación de un procedimiento y las diligencias previas surgidas tras la investigación de los Mossos d’Esquadra tras interrogar a los testigos y acceder al domicilio del exalcalde. En la documentación a la que ha tenido acceso La Vanguardia, se detalla que, de las declaraciones de los investigados, las testificales, la inspección ocular de la policía y los informes periciales, se desprenden indicios razonables de malversación de caudales públicos y otro de coacción, contra el exalcalde y el jefe de la brigada municipal. El delito de coacciones responde a las supuestas amenazas recibidas por el principal testigo de la acusación y autor de la grabación que incrimina Martínez, de quitarle la casa de protección de oficial en la que vive.

La declaración del operario acusador, concluye que el propio alcalde, al conocer el contenido de la primera grabación, que ya difundió La Vanguardia
, “me obligó bajo coacción de perder mi trabajo y la casa de propiedad municipal” que actualmente ocupa con su familia “a registrar una segunda grabación donde acusaba al concejal Robert Subirón” de ser el instigador del primer audio que le incrimina. Reconoce en el texto de la denuncia que “dicha grabación no se adapta a la realidad” y que la realizó coaccionado por el alcalde.

El exalcalde declaró a este diario no tener constancia del procedimiento incoado y se mostró convencido de que su caso no llegará a juicio. No piensan igual los representantes de su partido en la comarca, que ya le han advertido que el artículo 65 de la formación obliga a dimitir si se materializa la apertura de un juicio oral, que en este caso se estima para finales de octubre.







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