El Parlamento libanés aprueba el estado de emergencia en Beirut tras la explosión




El Parlamento libanés ha aprobado este jueves el estado de emergencia en Beirut declarado la semana pasada por el Gobierno tras la gran explosión, que ha dejado al menos 171 muertos y 6.000 heridos, además de prorrogar esa situación por el coronavirus ante las dificultades del sistema sanitario para tratar a las víctimas de la tragedia.

«El Líbano se está muriendo ante nuestros ojos», ha afirmado en la que ha sido la primera sesión parlamentaria desde que se produjo la tragedia el presidente del Parlamento Nabih Berri, en el cargo desde 1992, quien ha agregado que lo que único que le queda es una «cirugía» para poder salvarse de su peor crisis desde el final de la guerra civil, que tuvo lugar entre 1975 y 1990.

Además, ha llamado a la formación «rápida» de un nuevo Gobierno que tenga como prioridades las reformas y la lucha contra la corrupción, después de que el gabinete del primer ministro Hasan Diab dimitiera en bloque hace tres días. 

Una doble emergencia

Casi al mismo tiempo, el ministro de Salud del Ejecutivo interino, Hamad Hasan, ha anunciado que también se extenderá durante un mes más el estado de emergencia declarado en marzo por la pandemia de COVID-19.

Hasan ha justificado esta decisión por las previsiones de «un incremento en los contagios por coronavirus debido a las aglomeraciones que hubo en los hospitales tras la explosión y a la falta de mascarillas y de compromiso con las medidas de prevención en ese momento».

El Líbano declaró por primera vez el estado de emergencia el 15 de marzo por la pandemia, pero había ido relajando las medidas por la baja incidencia de la enfermedad en el país.

Según las leyes libanesas, el estado de emergencia debe ser sometido al poder legislativo si la medida dura más de una semana. Ahora, el Ejército seguirá desplegado en las calles de la capital en una decisión que ya ha recibido las críticas de defensores de los Derechos Humanos y activistas por considerarla «innecesaria».

HRW alerta de una posible represión de las protestas

El estado de emergencia otorga poderes al Ejército para actuar contra la libertad de reunión, de prensa y de expresión y para arrestar a toda aquella persona considerada una «amenaza» para la seguridad del país. La investigadora para el Líbano de la organización Human Rights Watch (HRW), Aya Majzoub, ha asegurado a la agencia Efe que están «preocupados de que se use el estado de emergencia como pretexto para reprimir las protestas» antigubernamentales tras la explosión.

«La violencia desatada contra los manifestantes el pasado sábado es un indicio preocupante de lo que está por venir», ha alertado Majzoub, en alusión al llamado «sábado de la ira» en el que miles de personas salieron a las calles para pedir la dimisión del Gobierno y hubo choques con las fuerzas de seguridad con decenas de heridos.

Líbano sufre una grave crisis con protestas en las calles y dimisiones de ministros

Los enfrentamientos se repitieron en los días posteriores, alimentados por la indignación popular por la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenados sin custodiar desde hacía seis años en el puerto de Beirut.

Según HRW y Amnistía Internacional, oficiales armados vestidos como civiles, el Ejército y las fuerzas de seguridad de Interior utilizaron una «fuerza excesiva» contra los manifestantes, un extremo que niegan estos cuerpos. Sin embargo, una fuente militar ha intentado aliviar esos temores, asegurando que no se trataba de una medida para «reprimir las libertades».

El FBI se une a la investigación

Ahora, la investigación sobre la tragedia continúa. El subsecretario de Asuntos Políticos de EE.UU., David Hale, ha anunciado que la Oficina Federal de Investigación (FBI) estadounidense se unirá a los investigadores para tratar de determinar las causas de la explosión, «por invitación» de las autoridades libanesas, que hasta ahora han rechazado una investigación internacional. A partir del viernes, el FBI deberá interrogar a varios ministros, pasados y presentes, sobre las toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto.

Hale, que se ha dirigido a la prensa después de recorrer el barrio de Gemmayze, uno de los más afectados por la deflagración, ha afirmado que durante su visita, que se prolongará hasta el sábado, se reunirá con políticos y autoridades, pero también con miembros de la sociedad civil y líderes religiosos.

Asimismo, ha invitado a los libaneses a seguir trabajando juntos a fin de «hacer las reformas necesarias para traer la transformación» que necesita el país y ha abogado por «el final de gobiernos disfuncionales y de promesas incumplidas». «Estamos verdaderamente en vías de restaurar lo que, creo, todos los libaneses quieren ver, que es un Líbano dirigido por el pueblo libanés y satisfacer sus ambiciones y sus necesidades, no las de otros», ha añadido.

La ONU pide una investigación independiente

Más de cuarenta expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) han pedido este jueves en un comunicado conjunto una investigación pronta e independiente para identificar a los responsables de la explosión, que «debería estar protegida de cualquier influencia indebida».

Los firmantes han mostrado en el documento su preocupación por «el alto nivel de irresponsabilidad e impunidad» en torno al accidente, que además de las víctimas ha causado daños materiales por valor de 15.000 millones de dólares, según han comunicado las autoridades libanesas.

El accidente y sus consecuencias, han subrayado los expertos, han resaltado los problemas del Líbano, entre ellos el déficit democrático y la persistente «corrupción generalizada».

Beirut, pendiente de la ayuda humanitaria para la reconstrucción

La ONU, además, ha informado que las 17.500 toneladas de harina de trigo anunciadas hace unos días llegarán finalmente a Beirut el 20 de agosto. El suministro de alimentos de El Líbano ha quedado en grave peligro, ya que el 85 % de los alimentos que se consumen en el país son importados y el 85 % de la harina que entra en el país lo hace a través del puerto

El país se encontraba ya sumido en una grave crisis económica antes de que se produjeran las explosiones. Ahora, las autoridades y la comunidad internacional temen que la destrucción ocasionada por las deflagraciones tengan un impacto significativo en la importación de alimentos y productos básicos, lo que podría provocar una profunda crisis humanitaria.

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