En el juicio por estafas virtuales, se pidió investigar el eslabón oficial



Otra vez, una banda acusada de estafar con falsos premios. De nuevo, el ardid de llamar a distintos teléfonos y embaucar a quien atienda del otro lado. Que una camioneta, que una casa, que algún premio suculento.

Y, en el momento en el que la víctima ya está embelesada con el supuesto premio que va a recibir, la parte final de la treta: solicitarle que deposite o envíe un giro de dinero “para gastos administrativos”.

Cuando esto ocurre, el premio se hace humo y ya no hay más llamadas para el feliz ganador, que recién entonces cae en la cuenta de que fue víctima de un “cuento del tío”.

Y, como siempre viene ocurriendo desde hace años, los delincuentes operan desde alguna celda ubicada en una cárcel cordobesa. Condenados con teléfonos celulares ilegales llamando las 24 horas de los siete días de la semana para intentar captar víctimas. Afuera, una red de cómplices se encarga de ir a retirar los dineros que los estafados envían.

Ayer, 12 personas terminaron condenadas en la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba por haber realizado más de 200 de estas estafas entre 2015 y 2017. Las víctimas son oriundas de diferentes provincias del país.

Los tres líderes de esta banda, que recibieron condenas de entre 10 y cuatro años y medio de prisión, eran Daniel Sebastián Robledo, Eric Leonardo Fonseca y Carlos Sebastián Bereciartua, quienes operaban desde una celda ubicada en la cárcel de Cruz del Eje.

De los otros nueve acusados, que tenían como rol ir a buscar los giros de dinero, ocho eran mujeres, todas con algún vínculo familiar con los acusados.

En los alegatos, el fiscal Gustavo Arocena resaltó que delincuentes ya condenados continuarán delinquiendo dentro de la cárcel

Pero fue uno de los abogados defensores, Sebastián Lascano, el que intentó ir un poco más allá en su alegato.

“Si el Estado cumpliera bien sus roles, tanto sea de acción como en omisión, o sea si se hacen bien las requisas a las visitas y también se controlan a los guardiacárceles, este tipo de delito no existiría”, planteó. Y agregó: “Acá siempre se juzga a una parte del problema, que son los delincuentes que están presos y usan los celulares para estafar. Pero está la otra parte, que jamás se investiga, y es la que ingresa esos teléfonos”.

“Cada vez se gasta más planta en escáneres de última generación y en elementos para controlar, para requisar, pero cada vez hay más teléfonos dentro de las cárceles. Esos aparatos ingresan por otro lado y no por las familias de los presos. Ahí está la responsabilidad estatal por acción, al tener funcionarios corruptos, y por omisión, por no ejercer los controles de manera correcta”, denunció Lascano.

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 22/08/2020 en nuestra edición impresa.





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