España vendió a Túnez armas usadass en una manifestación que acabó con un muerto



La industria de Defensa genera en España más de 13.000 millones de euros, representando un 1% del PIB, y más de 57.000 puestos de trabajo. Sin embargo, varias agrupaciones civiles y políticas cuestionan el negocio de las armas.  

Confidencial Digital ha confirmado con la Secretaría de Estado de Comercio, encargada de la autorización de exportaciones de armas, que España vendió a Túnez material antidisturbios que fue utilizado para disuadir una protesta que acabó con un muerto.

En concreto se autorizó una exportación por valor de 85.176 euros que se materializó en el primer semestre de 2020. Los productos de doble uso vendidos fueron cartuchos lacrimógenos, botes de humo de color y artificios de luz y sonido. Aclaran desde la Secretaría que se trata de productos no letales.

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El material fue utilizado por el Gobierno de Túnez para disuadir las manifestaciones producidas a mediados del mes de enero, tras decretarse un confinamiento general y ampliarse el toque de queda a las 16 horas para atajar los contagios de la Covid-19.

El hartazgo de la población empobrecida y crispada llevó, en el aniversario de la huida del dictador Zinedin el Abdedin Ben Ali, a la población a salir a la calle. Varias ciudades se convirtieron en escenario de violencia.

Para disuadir las protestas la policía utilizó los gases lacrimógenos y botes de humo vendidos por España, cobrándose la vida de Haykal Rachdi, un joven de 21 años, y dejando herido de gravedad a otro de los jóvenes, Aymen Mahmoudi. Amnistía Internacional recuerda que las autoridades tunecinas deben dar instrucciones a las fuerzas de seguridad para que no usen gas lacrimógeno indiscriminadamente.

La denuncia de los anarquistas

La Confederación General del Trabajo (CGT), que son…, emitió un comunicado en el que denunciaba y exigía al Gobierno de coalición “coherencia, transparencia y responsabilidad” ante la fabricación, venta y distribución de material bélico español a países donde no se garantizan los derechos humanos.

CGT denuncia que España se enriquezca de la venta de armas a países en los que el material bélico se usa para reprimir a la población. La organización anarcosindicalista explicó que a pesar de que España suscribiese en 2014 el Tratado sobre el Comercio de Armas (TAC) “se continúa participando en el negocio de la fabricación y venta de armas a países que violan sistemáticamente los derechos de su ciudadanía”.

La organización comparte la visión que da Amnistía Internacional en tanto que estas muertes no son casos aislados como muestra una investigación llevada a cabo por la organización mundial sobre las protestas en Túnez y la venta de material antidisturbios en otros puntos del planeta.

Por ello, CGT exige transparencia y responsabilidad al Gobierno de PSOE y Podemos ante. Además, defienden y reivindican la objeción fiscal para “dejar de financiar ejércitos, gastos militares y conflictos bélicos con los impuestos del pueblo”.

Explicaron a ECD que no se trata de una evasión de impuestos sino de decidir el fin al que se destinan.

Legislación sobre control de armas en España

España ratificó en 2014 el Tratado Comercio de Armas por el que se controlan las exportaciones de material de defensa y de doble uso para evitar que se utilice en violaciones de los derechos humanos.

Desde la Secretaría de Estado de Comercio se afirmó que el sistema de control de comercio de armas es “uno de los más robustos tanto a nivel legislativo como procedimental que existe”.

Comentaron a ECD que, si se tuviese conocimiento o existiera riesgo de uso indebido de los materiales exportados, el Gobierno español aplicaría el artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre el control de comercio de material de defensa y de doble uso, por el que se puede suspender o revocar una autorización previamente concedida.

Además, el Consejo de Ministros aprobó en abril de 2020 un Real Decreto que modifica el reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.

Con esta novedad se ha posibilitado intensificar los controles en las solicitudes de autorizaciones administrativas de operaciones de exportación que resulten especialmente sensibles en función de distintos parámetros, como la sensibilidad de la operación o las zonas en conflicto.





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