Información de la Policía monitorizará las web que difunden “manuales de ocupación”



La Dirección General de la Policía aprobó el 27 de noviembre un “Plan operativo de actuación contra la ocupación ilegal de inmuebles”, que viene a ordenar medidas concretas a distintas unidades del cuerpo para hacer frente a este problema.

En septiembre la Secretaría de Estado de Seguridad dictó una instrucción en este sentido, tratando de clarificar las dudas que estaban extendiéndose entre los agentes de las Fuerzas de Seguridad sobre cómo actuar ante la proliferación de incidentes por ocupaciones ilegales de viviendas.

Confidencial Digital ha podido consultar el documento de cuatro páginas de ese plan operativo, que fue aprobado hace unos días por la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, dependiente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Dirección General de la Policía.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) explican que este plan viene a concretar en el caso de la Policía Nacional la instrucción sobre ocupaciones de vivienda que aprobó la Secretaría de Estado de Seguridad.

La Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación admite que “la tendencia al alza de la ocupación ilegal de viviendas en España, ya sea como movimiento social, conocido como “fenómeno o movimiento okupa”, o bien por la necesidad del ocupante, está generando una grave sensación de inseguridad entre los ciudadanos”.

Después de que la Secretaría de Estado de Seguridad aprobada la Instrucción 6/2020, en septiembre, “por la que se establece el Protocolo de Actuación de las FCSE contra la ocupación ilegal de inmuebles”.

Tras ello, la Dirección General ha entendido que la Policía Nacional tiene “la obligación y el compromiso de implantar y desarrollar un Plan Operativo, que ponga en marcha actuaciones específicas en esta materia, encaminadas a hacer frente a las actividades ilícitas, centrándose en la prevención y en la investigación”.

Dicho plan “centra sus esfuerzos en aumentar la atención sobre este fenómeno y en habilitar instrumentos que mejoren el seguimiento, el control y la coordinación, orientado a desarrollar un tratamiento integral del problema”.

El papel de la Comisaría General de Información

La Dirección General de la Policía encomienda dos funciones sobre el problema de la ocupación de viviendas a la Comisaría General de Información, la unidad dedicada sobre todo a la lucha antiterrorismo, pero también a vigilar movimientos radicales (extrema izquierda, extrema derecha, independentismo radical y violento) y a obtener información sobre distintas amenazas a la seguridad.

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En primer lugar, la Comisaría General de Información “vigilará y monitorizará las redes sociales y fuentes abiertas”, en este caso concreto “con el fin de detectar aquellas páginas web o portales en los que se difundan ‘manuales de ocupación’”.

La Policía ha detectado la existencia de esos manuales “en los que se detalla la forma de llevarla a cabo, cómo se debe reaccionar ante la llegada de los agentes policiales o pautas de cómo defenderse jurídicamente, entre otras”.

Informe sobre movimientos radicales

En segundo lugar, en el marco del plan anti-ocupación los agentes de la Comisaría General de Información “realizará un breve informe valorativo sobre aquellos casos en los que la ocupación ilegal o la usurpación del inmueble esté vinculada a la actividad de movimientos radicales, para lo que requerirá de las brigadas periféricas la información que considere oportuna dentro del ámbito de sus competencias”.

Distintos cuerpos policiales llevan tiempo alertando que, entre los casos de familias desesperadas que entran en viviendas, también hay actuaciones de organizaciones políticas radicales, que tratan de controlar el movimiento de ocupación. Así se sospecha que ocurre, por ejemplo, en Barcelona y otros puntos de Cataluña.

Inteligencia sobre la ocupación ilegal

El objetivo general de este plan es “prevenir, combatir y reducir la actividad ilícita sobre la ocupación ilegal de inmuebles y en su caso, neutralizar las actividades delictivas generadas con dicha tipología delictiva”.

Las actuaciones estarán coordinadas por la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que “supervisará la elaboración de estudios e informes y ejercerá las funciones de coordinación con las diferentes Comisarías Generales implicadas, a través de la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, desde donde también se generará la inteligencia sobre el fenómeno de la ocupación ilegal en inmuebles”.

También se encargará de recopilar y analizar la información remitida por los diferentes servicios implicados en la ejecución del plan: “Trimestralmente, y en todo caso antes del día 5 del mes siguiente al término del Trimestre natural, toda la información requerida a las unidades afectadas, deberá ser remitida” por correo electrónico a la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación.

Policía Judicial

La Comisaría General de Policía Judicial recibe el encargo de difundir a todas las unidades de Policía Judicial “las nuevas formas de proceder por los autores de estos hechos de los que tenga conocimiento, con la finalidad de facilitar la actuación policial y social”.

La Dirección General también le ordena a la Comisaría General de Policía Judicial que refuerce las acciones “a fin de evitar la aparición o consolidación de grupos u organizaciones criminales dedicadas a la localización y usurpación de las viviendas”, y que potencie las investigaciones en las que se desarrollen otras actividades ilícitas posteriores a la ocupación.

Otro punto importante es que la Comisaría General de Policía Judicial unifique “criterios de actuación en la confección de los atestados policiales, donde se recojan todos los elementos objetivos y subjetivos que conforman los distintos tipos penales relativos a la ocupación ilegal de inmuebles, con el objetivo de aportarlos a las Autoridad Judicial”.

Y deberá realizar “un breve informe valorativo sobre aquellos casos en los que la ocupación ilegal o la usurpación del inmueble esté vinculada a la actividad de organizaciones criminales, para lo que requerirá de las brigadas periféricas la información que considere oportuna dentro del ámbito de sus competencias”.





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