Los dos policías del “gatillo fácil”, también complicados en sus otras causas



La Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba ya pidió que se fijara fecha para juzgar a los cuatro policías acusados de haber encubierto en 2016 al violador serial de La Calera, Leandro Castañares, que fue condenado a 15 años de cárcel por seis ataques sexuales.

Se trata del cabo primero Lucas Gómez, del oficial Gabriel Miranda Ércoli, del integrante de la Unidad Judicial de La Calera Daniel Vigil y del cabo Diego Bustos.

Esta semana, desde la cámara se solicitó a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fijar las fechas para las audiencias.

Pese a que todos están acusados del delito de encubrimiento agravado, el derrotero de ellos dentro de la fuerza de seguridad fue bastante diferente.

El Tribunal de Conducta Policial ordenó la cesantía de Bustos, sancionó a Vigil y a Miranda Ércoli y ordenó levantarle la situación pasiva a Gómez (35), que volvió a trabajar hasta la madrugada del jueves 6 de este mes, cuando asesinó de un balazo por la espalda a Valentino Blas Correas (17).

Cuando se conoció la semana pasada que sobre Gómez ya pesaba esta otra sensible acusación, desde el Tribunal de Conducta se esbozó como explicación que el cabo primero había aliviado su situación administrativa luego de demostrar que la noche en la que había encubierto al violador serial a él le asignaron otra tarea.

Esta es la coartada que maneja su defensa. Pero, en Tribunales 2, se sostiene otra versión: “Hubo prueba para llevar a estos cuatro policías al banquillo y hasta ahora nada de esto se desestimó”.

En ese sentido, el fiscal Marcelo Hidalgo, que actuó en el juicio en el que en 2018 se condenó a Castañares, ayer indicó: “Una vez que trascendió el encubrimiento en el debate, la cámara pidió que se investigara eso. El fiscal (Tomás Casas) llevó adelante la investigación y, en ese marco, se acusó a Gómez. Ahora, está a las puertas de un debate que se demoró por el inicio de la cuarentena”.

“Las víctimas relataban que, cuando concurrían a las dependencias policiales de la zona de La Calera, los funcionarios policiales le pedían que desistieran de esta intención de denunciar”, agregó Hidalgo en declaraciones a la prensa.

Otro control violento

El otro policía imputado por el caso de “gatillo fácil” ocurrido en la avenida Vélez Sársfield al 4200, frente al instituto Pablo Pizzurno, al sur de la ciudad de Córdoba, es el cabo primero Javier Catriel Alarcón (31), quien también arrastra un antecedente penal.

En 2013, un remisero discutió con dos policías de la Caminera que intentaron labrarle una multa por ir con las luces apagadas, entre Río Segundo y Pilar. Cuando lo detuvieron en el control, el remisero, quien iba con una pasajera, dijo que él llevó las luces apagadas en la zona urbana de Pilar y que las encendió apenas subió a la ruta. Los policías le replicaron que recién las había prendido cuando advirtió el control policial, por lo que le iban a poner una multa.

Palabras más, palabras menos, la situación se acaloró cada vez más. El remisero luego denunció a Alarcón y al policía que aquel día lo acompañaba en el control por lesiones leves y por privación ilegítima de la libertad.

La causa recayó en la Fiscalía de Río Segundo, que en aquel momento lideraba Luis Nazar. Tras escuchar el relato de la pasajera que viajaba en el remise, la única testigo independiente en esta historia, el fiscal ordenó imputar a los policías.

Alarcón y su dupla quedaron en una momentánea situación pasiva. Pero, un año después, Nazar renunció en medio de una serie de denuncias en su contra por pedir coimas (finalmente fue condenado) y la fiscalía quedó a cargo de diferentes funcionarios interinos, hasta que recién en 2016 asumió su actual titular, Patricia Baulies.

Como durante ese gran paréntesis esta causa no tuvo ni avances ni retrocesos, el Tribunal de Conducta Policial también ordenó que Alarcón volviera a trabajar. Y, otra vez, fue asignado a controles en la vía pública.

Junto a Gómez permanece detenido desde el jueves 6 de este mes.

Luego de que la Policía Judicial determinó que el balazo policial que mató a Blas fue disparado por Gómez, ahora Alarcón debe responder por los cuatro intentos de homicidio en contra de los otros jóvenes que viajaban esa noche en el Fiat Argo y sobrevivieron a la andanada de balazos.

Baulies, una fiscal que ha tenido causas resonantes en los últimos tiempos, ya ordenó varios de los expedientes que habían quedado en pausa durante el tiempo en el que la fiscalía estuvo acéfala. Y, entre ellos, figura aquella causa contra Alarcón por lesiones leves y por privación ilegítima de la libertad. Ayer, fuentes judiciales indicaron que es muy posible que la fiscal eleve este caso a juicio en los próximos días, ya que la causa está muy avanzada.

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 21/08/2020 en nuestra edición impresa.





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