Los funcionarios de prisiones reclaman a Interior ser priorizados en la campaña de vacunación por considerarse personal de riesgo



Las primeras dosis de la vacuna frente al Covid-19 han llegado a España, iniciándose la vacunación el pasado 27 de diciembre. De esta forma se reducirá el riesgo de infección por SARS-Cov-2, virus causante de la enfermedad por coronavirus.

El plan de vacunación presentado por el Gobierno contempla 15 grupos de riesgo que se irán vacunando en tres fases, de enero a junio. 

Los funcionarios de prisiones han solicitado al Ministerio del Interior, que se concreten las actuaciones por las que se les vacune contra el coronavirus durante la primera etapa

El pasado lunes 4 de enero presentaron un escrito ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a través de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo de las Administraciones Públicas.

Alegan que los centros penitenciarios son espacios o entornos cerrado donde las personas conviven en condiciones de proximidad o cercanía por periodos prolongados en el tiempo, favoreciendo la infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas.

Reunión de negociación

En el documento al que Confidencial Digital ha tenido acceso, el sindicato solicita la convocatoria, a la mayor brevedad posible, de una reunión de Grupo de Trabajo Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias para informar y negociar con la parte social las actuaciones previstas en el plan de vacunación contra el coronavirus a los empleados públicos de la institución.

Defienden que se deberá tener en cuenta que son vulnerables y que deberán ser vacunados en el primer grupo, entrando en la clasificación de centro sociosanitario, al dar atención social y sanitaria a población vulnerable.

Confidencial Digital ha podido conocer la preocupación de estos funcionarios que si bien ya han sido reconocidos como grupo prioritario temen que suceda como con los test, que nunca se realizaron al personal.

Para prevenir que el personal que pudiera ser asintomático contagiara a los reclusos entrasen a las prisiones y contagiaran a los reclusos que son personas muy vulnerables se les debían hacer las pruebas.

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Sin embargo, esto no sucedió debido a que la mayoría de ellos son de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) les remitían a las mutuas y estas a la seguridad social que por ser de MUFACE no se las hacía.

ECD ha podido saber que de no definirse el plan para el colectivo, este emprenderá medidas legales.

Estrategia de vacunación

El documento ‘Estrategia de vacunación frente a Covid-19 en España’ prioriza la vacunación con una evaluación a partir de unos criterios con el fin de prevenir la enfermedad y disminuir el impacto de la pandemia protegiendo a los grupos más vulnerables.

Los funcionarios de prisiones al trabajar en entornos cerrados tendrán un mayor riesgo por el riesgo que el lugar de trabajo implica en cuanto a exposición y transmisión.

Desde la perspectiva del riesgo de impacto social y económico negativo, los propios funcionarios señalan que el riesgo sería alto al pertenecer al personal esencial. Estos trabajadores contribuyen al mantenimiento de la función social.

Además, desde el punto de vista de otros criterios, sanidad destaca la aceptabilidad y factibilidad del grupo. En suma, reúnen las condiciones necesarias para ser un grupo prioritario a la hora de la vacunación.

Trabajadores esenciales

Las actividades esenciales son aquellas necesarias para el mantenimiento de las funciones sociales básicas como la salud, la seguridad o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.

Forman parte del grupo los servicios especialmente críticos como bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil o personal de instituciones penitenciarias.

Este grupo es destacado en la estrategia desde el punto de vista de los criterios de riesgo porque la exposición y transmisión es mayor. Desde el punto de vista del impacto socioeconómico, estos trabajadores deberán ser priorizados en la medida en que la función social, la vida y el sustento de otras personas dependen de ellas directamente.

Según los datos del Ministerio del Interior la estimación de personal en Instituciones Penitencias, tanto funcionario como laboral, es de 24.000 efectivos. Además, hay aproximadamente en España 51.000 reclusos.





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